Qué políticas públicas para la economía solidaria?

Reconocimiento juridico y apoyo institucional a favor de la ESS

Algunos gobiernos han optado por hacer definivos su reconocimiento y su apoyo a la economia social y solidaria. Más allá de las orientaciones de un partido o de la conyuntura económica, estas medidas, ya sean leyes, nuevas instituciones o procesos de certificación están ratificadas en leyes que aseguran su perenidad. La immuntabilidad de dichas estructuras hace a menudo más facil el trabajo de colaboración entre autoridades del gobierno y favorece el proceso de colaboraciones constructivas e intersectoriales con los actores de la economía social y solidaria.

Financiar la ESS

Compras públicas, palanca de la transformación

En numerosos países, en el transcurso de las últimas décadas, se han implementado formas cooperativas y asociativas, entre otros en el sector del servicio a las personas, que aseguran funciones sociales no cubiertas por el Estado o el mercado – educación, salud, inserción por el empleo, etc. Si bien se reconoce a la economía social y solidaria (como es el caso, en cierta medida, por ejemplo, en Canadá) potencialidades evidentes en cuanto herramienta eficiente para tratar ciertas temáticas ligadas a las políticas públicas (pequeña infancia, colaboraciones solidarias entre agricultorxs y consumidorxs para una alimentación local y de calidad, sustentabilidad, soluciones energéticas sustentables, etc.), este reconocimiento debe verse acompañado de la implementación de políticas públicas y de regulaciones que favorezcan estas potencialidades. Un nuevo maro de políticas públicas es necesario que de la prioridad a los valores de la transición económica : participación, coconstrucción, reciprocidad, cooperación y codecisión.

Las ciudades, actores del cambio

En términos de políticas públicas, la ciudad se sitúa en una escala cercana a las necesidades de lxs habitantes. Lxs jóvenes, las personas mayores, las personas alejadas del trabajo, el saneamiento, la gestión de residuos, el mobiliario urbano, la planificación del espacio público, la movilidad, la energía, la educación, la salud, etc., no faltan temas. La ciudad constituye un ecosistema complejo (natural, patrimonial, cultural y humano) que debe ser cuidado diariamente. En todo el mundo, los gobiernos locales y los municipios, a menudo en consulta con representantes de la sociedad civil, están respondiendo a las diversas crisis sociales, económicas y/o ambientales en sus territorios. La proximidad con los cargos electos, según el tamaño de las ciudades, puede conducir a la creación de vínculos estrechos y a tener en cuenta la experiencia de sus habitantes en el uso de la ciudad, que se convierten así en coproductores de las políticas públicas que les afectan directamente.

Apoyar las innovaciones sociales territoriales : el papel de las colectividades

Cada vez más, se está tomando en cuenta la innovación social, y en particular la innovación social a nivel de territorios, en numerosas políticas públicas, desde los países anglosajones hasta Europa pasando por el Quebec. Satisfacer las necesidades sociales exige de hecho estrategias particulares en un momento dónde los modelos económicos y sociales están duramente trastornados por la crisis. En el transcurso de pocos años, esta noción polisémica ha emergido de la esfera de la investigación especializada para enriquecer el concepto de innovación e ir más allá de una visión centrada en su dimensión tecnológica.

Coproducir y coconstruir las políticas públicas: el papel de la ESS

Yves Vaillancourt (2014) identifica las nociones de coproducción y de coconstrucción de las políticas públicas. Estas hacen referencia por una parte a la participación de los actores de la sociedad civil y del mercado en la implementación de las políticas públicas (la gestión y la prestación de servicios por ejemplo) y por otra parte, a la participación de los actores en la definición o la elaboración de las políticas (identificación de las orientaciones generales y de los elementos fundacionales de las políticas).

Politícas que apoyan la integración socioeconómica de grupos determinados

Las empresas de economía social y solidaria contribuyen en forma activa a asegurar una mejor participación social y económica de algunos grupos o personas que se enfrentan a distintos obstáculos que les impiden acceder al mercado del trabajo y a los bienes y servicios producidos por la economía tradicional. Más que invertir en forma exclusiva en los programas sobre el ingreso, la economía social y solidaria obra para encontrar medios de hacer más autonomas las poblaciones con las cuales trabaja. Este enfoque interesa a los gobiernos que invierten en los programas que apuntan a apoyar la integración socioeconómica de los grupos a quienes se orientan estas políticas (lxs jóvenes, las personas descapacitadas, lxs inmigrantes recién llegadxs al país, las comunidades autóctonas). Así, en ciertos países, la economía social y solidaria es parte integral de las estrategias del mercado del trabajo.

Políticas que favorecen un sector económico

Algunos sectores económicos presentan perspectivas más que interesantes para las empresas de la economía social y solidaria. Estas empresas surgen a menudo como una respuesta a las necesidades que ni el mercado, ni el gobierno puedan satisfacer, pero se encuentran también empresas de la economía social y solidaria en los mercados lucrativos. Gracias a una combinación de recursos del mercado, contribuciones voluntarias y del apoyo público, el emprendimiento de la economía social y solidaria tiene un papel decisivo, ya que contribuye a estructurar algunos mercados o a asegurarse que las repercusiones de estos mercados sean colectivas a la vez que respondan en forma eficiente a las necesidades para ciertos tipos de productos y de servicios. Las políticas que favorecen el surgimiento o el fortalecimiento de sectores económicos precisos (entre otros, el medioambiente, los servicios a la persona, el alojamiento, las nuevas tecnologías, las comunicaciones, el turismo, los servicios alimentarios, la cultura y varios otros) representan por ende herramientas importantes para el desarrollo de la economía social y solidaria.

Políticas públicas en favor del desarrollo territorial

Las empresas de economía social y solidaria surgen de colectividades que se movilizan de manera de favorecer su desarrollo. Se presentan a menudo como la única opción para las colectividades marginalizadas cuando los inversionistas privados las han abandonado o no se interesan en mercados menos rentables o en regiones alejadas. Así para favorecer el desarrollo social, cultural y económico de sus territorios, existen gobiernos que, ya sea a nivel de municipios, regional (toda entidad sub-nacional, provincia, región, estado, etc.), nacional o internacional han lanzado iniciativas para facilitar la creación y el crecimiento de estas empresas. En intercambio, para las colectividades locales, el hecho de poder contar con una política pública para formar redes, establecer procesos de planificación estratégica e implementar proyectos colectivos representa un factor imprescindible de éxito.

Políticas públicas que favorecen herramientas financieras adecuadas para la ESS

Uno de los principales desafíos para las empresas de la economía social y solidaria es obtener una financiación suficiente y con condiciones aceptables para permitir su desarrollo. Los gobiernos pueden facilitar el acceso al capital al reconocer el carácter particular de dichas empresas, lo que permite que se les asigne recursos propios, adoptando medidas fiscales para incentivar a los actores privados a invertir allí también, contribuyendo a fondos de inversiones que estén dedicados a ellas o creando herramientas financieras específicas para dichas empresas o organizaciones que las apoyan.

Medidas genéricas a favor del desarrollo de la ESS

De la misma forma que las empresas privadas, las empresas de la economía social y solidaria deben tener acceso a mercados adecuados, a la investigación y al desarrollo así como a recursos que les permiten implementar prácticas de gestión eficiente. Sin embargo, los programas y políticas implementados para el sector privado necesitan a menudo ser adaptados para satisfacer las necesidades de las empresas de la economía social y solidaria. Herramientas precisamente diseñadas para las empresas de la economía social y solidaria permiten poner a todas las empresas en igualdad de condiciones, a la vez que se reconocen las características propias a cada una de dichas organizaciones, y más importante aún, su contribución en lograr los objetivos sociales, medioambientales o culturales, los que necesitarían, sin esta contribución, formas mucho más onerosas de inversión por parte del gobierno. En este sentido, las políticas y los programas a favor de las empresas de la economía social y solidaria no constituyen una competencia injusta para el sector lucrativo basado en la propiedad privada. Al contrario, permiten a las empresas de la economía social y solidaria tener los medios de ser competitivas en el mercado sin por ello comprometer sus objetivos sociales o medioambientales. En varios casos, cuando las empresas de la economía social y solidaria se han abierto un espacio en los mercados y se han vuelto rentables, la ayuda a largo plazo por parte del gobierno ya no es necesaria.